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viernes, 17 de agosto de 2007

A vueltas con la actual política inmigratoria

En un artículo publicado por EL PAÍS el 16-08-2007, titulado "Los empresarios demandan trabajadores extranjeros más cualificados", este diario también se hace eco de unos comentarios hechos por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, M. C. Rumí, en los que esta última afirma que "afortunadamente" sólo hay una minoría de españoles a la que no les gusta este tipo de sociedad multiétnica. Tendrán que acostumbrarse porque, lo quieran ellos o no lo quieran, la sociedad del futuro e ésa".

Sirva el escueto resultado del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de mayo, copiado de Internet por el autor de este post, para poner en entredicho lo arriba manifestado por dicha secretaria de forma un tanto amenazante.

RESULTADOS DEL CIS DE MAYO
El terrorismo baja hasta situarse en la quinta preocupación de los españoles
La encuesta refleja que el paro y la inmigración siguen siendo los principales problemas del país
La inseguridad ciudadana y el acceso a la vivienda, otros intereses de los ciudadanos


Si bien sería una perogrullada negar que el futuro demográfico de Europa (y, por supuesto, el de España) sea demográficamente idéntico al actual por los efectos de la globalización, no se podrá negar que esto preocupe al españolito de a pie por una serie de razones muy concretas que tienen eco en la ciudadanía, ya tan cacareadas y discutidas que no merece la pena mencionarlas de nuevo. Sin embargo, es harina de otro costado hacer de la política inmigratoria unas 'jornadas de puertas abiertas', de por sí abiertas de par en par por la reciente regularización de cientos de miles de 'sin papeles' (sin apenas consultar a los socios comunitarios), cuando se necesita un trabajo de filigrana que vaya orientado hacia el futuro, descartando soluciones 'alicortas' ideadas de cara al futuro político inmediato.

A nadie con dos dedos de frente se le pasa por la cabeza rechazar una inmigración cualificada y controlada que se base en unos contratos firmados en origen (¿No hay ningún recuerdo histórico que se remonte a los años 60 y 70 del siglo pasado cuando España era país emisor de mano de obra siguiendo unos patrones rigurosos?). Valga aquí la expresión ni tanto ni tan calvo o no todo es blanco y negro. Desde esta óptica, la tónica general de la nueva ley de Extranjería de 2004 es excesivamente permisiva, por lo que convendría introducir unos retoques en aras de unos derechos no tan generosos y un control más eficaz a la hora de seguir el buen funcionamiento de esta ley en la práctica de todos los días, o sea, a pie de calle.

Para subrayar esta proyección: recuérdese, "la estancia irregular ya no puede sancionarse con expulsión; permite que los inmigrantes regularicen de forma automática su situación si acreditan dos años de residencia en España y medios de subsistencia; reconoce a este colectivo en situación irregular un amplio conjunto de derechos políticos y sociales (reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga, educación, asistencia sanitaria, servicios y prestaciones sociales básicas). En algunos casos, el derecho se amplía si el inmigrante irregular está empadronado (por ejemplo, el inmigrante no empadronado tiene derecho a la asistencia sanitaria de urgencia, pero si está empadronado tiene derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, al igual que los menores de edad y las embarazadas cualesquiera que sea su situación)".

De ahí que la solución al problema lleve un mínimo de bagaje político.

Saludos PATO

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