Según dice el título del artículo publicado en EL PAÍS el 19-04-2012: "Razonable, pero de difícil gestión", surge la siguiente cuestión un tanto compleja: ¿Qué ocurre con los jubilados que entren en el capítulo de enfermos crónicos, que no estén obligados a declarar el IRPF y que cobren una pensión extranjera en este país en condición de residentes comunitarios? Por lo visto, el diablo está en los detalles.
Pato
Dada la importancia y complejidad de los recortes en algo tan vital como el gasto farmacéutico, toda información esclarecedora publicada al principio parece poca o confusa, porque siempre quedan huecos sin cubrir o da lugar a interpretaciones erróneas, como en el artículo "La asistencia sanitaria a partir de ahora", publicada por EL PAÍS el 26-04-2012. En concreto: "El nivel de renta quedará en los ordenadores de las Consejerías de Salud, y, en función de eso, se calculará lo que se abona por los medicamentos". Nada que objetar, en teoría.
Sin embargo ¿qué movimientos de cruce de datos entre Hacienda y Sanidad se dan por debajo del citado nivel que supone este cálculo y el nivel de renta "invisible para el usuario"? El más importante: la autenticidad de los datos facilitados. Partiendo de la base que la tarjeta sanitaria no se renovará, ¿cuál es la forma de enterarse el farmacéutico en su función del último eslabón y servidor de la cadena para despachar los medicamentos prescritos por los facultativos a su justo precio de cara al paciente? Cualquier hueco informativo de carácter dudoso o erróneo sería fatal y pagarían justos por pecadores.
Pato
Ante el diktat de las cajas vacías es discutible si es de recibo que el pensionista también contribuya a recortar el déficit farmacéutico abonando su co/repago en función de su renta. Lo que no es justo ni equitativo es el que sea precisamente él quien tenga que adelantar esta aportación, según el artículo "El jubilado adelantará el 10% de los fármacos aunque exceda su límite", publicado por EL PAÍS, y que esté pendiente del reembolso de su diferencia una vez transcurrido un semestre, el plazo máximo que establece el ministerio. Con respecto a dicho reembolso surge una pregunta clave ¿Es automático o sólo se realizará previa solicitud por parte interesada? El artículo mismo adelanta una solución bastante probable, que es la siguiente: "Dada la situación financiera de las comunidades autónomas, no parece descabellado pensar que muchas de ellas opten por estirar hasta el límite el periodo de latencia que permite el real decreto." Por lo tanto, el citado adelanto va acompañado de la inseguridad del reintegro a tiempo, con tintes de crédito, sin interés, por supuesto.
Pato
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